La Asamblea del Estado de California ha adoptado por unanimidad AB 1180, un proyecto de ley que permite a las agencias estatales comenzar a aceptar Bitcoin y otros activos digitales como pago por ciertos costos regulatorios.
Escrito por la evaluación de Avelino Valencia (D-Anaheim), la legislación borró el piso de la Asamblea el 3 de junio con un decisivo 78-0 voto (2 NV) y ahora está siendo examinado por el Comité de Reglas del Senado.
Si se adopta, el proyecto de ley requeriría que el Ministerio de Protección e Innovación Financiera de California desarrolle reglas que permitan a las empresas reguladas bajo los actos personales financieros digitales para pagar la licencia y el examen mediante el uso de activos digitales. El programa piloto se lanzará el 1 de julio de 2026 y tendrá lugar hasta el 1 de enero de 2031.
“AB 1180 pone a California a la vanguardia de la innovación de activos digitales”, Valence dicho En una audiencia previa del comité. “Servirá como un plan para la integración en la escala del estado”.
Sigue el ritmo de los estados de criptomonedas
El impulso de California sigue los pasos de Colorado, Utah y Louisiana, que ya aceptan pagos criptográficos para ciertos servicios gubernamentales.
Colorado, por ejemplo, permite que los pagos de impuestos criptográficos a través del servicio de PayPal, facturando a los usuarios de $ 1.83% $ 1 por transacción.
Similar a este modelo, el sistema de California convertiría los pagos digitales en dólares estadounidenses en la recepción, evitando la exposición directa del estado a la volatilidad del mercado de criptografía.
El programa está diseñado como un banco de prueba de cinco años. En enero de 2028, DFPI debe entregar Un informe provisional que evalúa la eficiencia del sistema, los costos operativos, el riesgo de fraude o abuso y comentarios públicos.
En caso de éxito, el piloto podría abrir el camino a una aceptación más amplia de la criptografía en otras agencias estatales.
Implicaciones estratégicas para el ecosistema de criptografía de California
La adopción del proyecto de ley es particularmente relevante para el sector criptográfico emergente del estado. California es el hogar de grandes compañías de blockchain como Ripple, Solana Labs y Kraken, muchas de las cuales deben navegar en procesos de licencias regulatorias complejas y costosas.
Al permitir tarifas de criptografía, el estado puede racionalizar el cumplimiento de estas empresas y señalar su apertura a la innovación tecnológica en los servicios financieros.
Los procesadores de pagos criptográficos como BitPay, Coinbase Commerce y PayPal ahora son contendientes potenciales para un contrato estatal lucrativo. El proveedor exacto se determinará a través de un proceso de suministro dirigido por DFPI.
Sin embargo, no todos están a bordo. Los grupos de defensa del consumidor y los perros de protección de impuestos han expresado preocupaciones sobre los costos de transacción, la volatilidad y la huella ambiental de la explotación criptográfica. Los legisladores han sugerido que el Senado podría introducir cambios de protección del consumidor, como techos de gastos o mecanismos de reembolso, para hacer frente a estos riesgos.
Impulso político para los derechos de la criptografía
El proyecto de ley es parte de un impulso legislativo de valencia más amplio, que también avanza AB 1052Un llamado proyecto de ley de “Derechos de Bitcoin” que tiene como objetivo dedicar protecciones a los clientes automotrices, el funcionamiento de los nodos y las transacciones entre pares en la ley estatal. Con el apoyo del grupo nacional de defensa criptográfica Satoshi Action Fund, la medida posiciona a California como un contrapeso para la ambigüedad regulatoria federal.
“Si los derechos de Bitcoin pasan aquí, pueden pasar a cualquier lugar”, dicho Dennis Porter, CEO del Fondo de Acción Satoshi, en una entrevista con Politico.
El Senado debería tomar AB 1180 a finales de este verano. Si pasa y está firmado por el gobernador Gavin Newsom, el DFPI comenzará a desarrollar el sistema de pago de la criptografía en 2026, teniendo en cuenta el despliegue en la escala del estado a fines de la década.
La experiencia podría dar forma al futuro de las finanzas públicas, no solo en California sino en todo el país. Valencia poner“California no puede permitirse tarde”.