El incidente que afectó a determinadas hardware wallets Coldcard volvió a poner la seguridad cripto bajo revisión y abrió una discusión que excede a un fabricante: qué infraestructura, controles y mecanismos jurídicos sostienen realmente la custodia de activos digitales.
Galaxy Research confirmó con alta confianza el robo de 1.778,84 BTC, valuados entonces en alrededor de US$112,7 millones, desde más de 8.600 direcciones. La investigación encontró además indicios de múltiples atacantes.
Para Gabriel Campa, Head of Digital Assets de ikigii by Towerbank International Inc., el episodio demuestra que clasificar una solución únicamente como wallet fría, caliente, de autocustodia o institucional ya no alcanza para evaluar su nivel de protección.
“La verdadera diferencia está en la calidad de la infraestructura que protege los activos en cada plataforma: los controles de seguridad, los procesos de custodia y, si aplica, el marco jurídico”, sostuvo Campa.
Seguridad cripto: una hardware wallet no elimina todos los riesgos
Una de las principales conclusiones del incidente es que mantener un dispositivo desconectado de internet no resuelve por sí solo todas las vulnerabilidades.
Coldcard reconoció una falla relacionada con la generación de semillas en determinadas versiones de firmware y posteriormente difundió versiones corregidas y procedimientos para migrar activos.
La vulnerabilidad mostró que el riesgo también puede originarse antes de que el usuario empiece a operar con una wallet: en la generación de las propias claves.
Ese punto obliga a ampliar el análisis de seguridad cripto. No alcanza con preguntar dónde se guardan los activos. También importa cómo se generaron las credenciales, qué software interviene, quién controla cada capa y qué procedimiento existe si una de ellas falla.
Autocustodia y custodia institucional trasladan el riesgo a lugares diferentes
La autocustodia permite al usuario mantener control directo sobre las claves privadas y reduce determinadas exposiciones frente a intermediarios. A cambio, le transfiere la responsabilidad por respaldos, actualizaciones, recuperación, protección de seeds y errores operativos.
La custodia institucional funciona bajo otra arquitectura. Parte de esas responsabilidades se delegan en una organización, pero aparecen riesgos vinculados con el custodio, sus controles internos, su solvencia, las personas que pueden acceder a los activos y el marco contractual bajo el que opera.
“Esa conversación alcanza tanto a quienes optan por la autocustodia como a quienes eligen delegar la custodia de sus activos en una plataforma”, señaló Campa.
No existe, por lo tanto, una opción exenta de riesgos por definición.
La pregunta es qué riesgo asume el usuario en cada modelo y qué mecanismos existen para reducirlo.
El colapso de FTX cambió el análisis de custodia
La caída de FTX convirtió la gestión y segregación de activos de clientes en un punto central de la discusión cripto.
El caso mostró que una plataforma puede ofrecer una experiencia tecnológica sofisticada mientras detrás existen deficiencias de gobierno corporativo, controles internos y manejo de fondos.
Desde entonces, la due diligence sobre proveedores cripto dejó de limitarse a producto y ciberseguridad. También incluye estructura societaria, custodia, segregación de activos, auditorías, compliance y capacidad de supervisión.
Para Campa, esa ampliación del análisis es una consecuencia natural de la maduración del sector: evaluar seguridad significa observar el sistema completo.
El modelo de ikigii incorpora una estructura fiduciaria
Dentro de ese debate, ikigii representa un caso de integración entre servicios bancarios y operaciones con activos digitales.
La documentación pública de la aplicación establece un Acuerdo de Custodia (Escrow) entre el cliente, Towerbank International Inc. y Towertrust Inc. El acuerdo identifica a Towertrust como fiduciaria y contempla la recepción en custodia de criptomonedas o dólares para las transacciones previstas en el servicio.
La estructura incorpora así una dimensión contractual y fiduciaria al funcionamiento de la plataforma.
Towerbank figura actualmente en el listado de bancos con licencia general de la Superintendencia de Bancos de Panamá, mientras que Towertrust aparece entre las entidades con licencia fiduciaria autorizadas por el mismo regulador.
Eso no elimina los riesgos propios de los activos digitales ni convierte automáticamente a un modelo institucional en superior a la autocustodia. Sí incorpora elementos regulatorios y contractuales que forman parte de la evaluación que un usuario debería realizar al comparar alternativas.
Qué debería revisar un usuario antes de elegir dónde custodiar activos
El caso Coldcard y los antecedentes del mercado muestran que una decisión de custodia no debería basarse en una única característica.
Entre las preguntas relevantes aparecen:
- cómo se generan las claves;
- cómo se protegen y respaldan;
- qué procedimiento de recuperación existe;
- quién puede acceder a los activos;
- qué controles internos utiliza el proveedor;
- cómo se gestionan incidentes;
- qué entidad participa en la custodia;
- qué contrato regula la relación;
- y bajo qué jurisdicción funciona el servicio.
Esas preguntas cambian según el modelo elegido, pero ninguna desaparece completamente.
Una hardware wallet puede presentar una vulnerabilidad técnica. Un exchange puede sufrir un ataque o un problema de solvencia. Un custodio institucional puede enfrentar fallas operativas. Y un usuario de autocustodia puede cometer un error irreversible.
La seguridad depende de cuánto se reducen esos puntos de falla y de qué sucede cuando alguno de ellos finalmente aparece.
Por qué el debate importa especialmente en América Latina
En América Latina, la discusión tiene un componente adicional porque los activos digitales se utilizan cada vez más en casos que exceden la inversión: dolarización, ahorro, remesas, pagos internacionales y operaciones empresariales.
Ese crecimiento obliga a bancos, fintech, exchanges, wallets y proveedores tecnológicos a demostrar no solamente facilidad de uso, sino también trazabilidad, controles y resiliencia.
Para los usuarios, la pregunta tenderá a moverse desde “qué aplicación utilizo” hacia cuestiones más estructurales: quién custodia los activos, quién puede moverlos, qué controles existen y qué ocurre si aparece una contingencia.
Campa considera que ese cambio marcará la siguiente fase del mercado.
“La evolución del ecosistema no estará marcada únicamente por la incorporación de nuevas tecnologías, sino también por la capacidad de construir modelos más sólidos, donde la innovación esté acompañada por mecanismos que permitan resguardar de manera adecuada el patrimonio de quienes participan”, afirmó.
El caso Coldcard no determina un ganador entre autocustodia y custodia institucional.
Lo que deja es una exigencia mayor para ambas.
En un mercado que busca atraer usuarios menos técnicos, empresas e instituciones financieras, la seguridad dejará cada vez más de ser una característica aislada del producto para convertirse en una evaluación de infraestructura, procesos, controles y responsabilidades.
Preguntas frecuentes sobre seguridad cripto y custodia
No. El episodio afectó determinadas versiones y condiciones vinculadas con la generación de semillas. Una hardware wallet continúa siendo una herramienta válida, pero su seguridad depende de la implementación, el firmware y los procedimientos utilizados.
No existe una respuesta universal. La autocustodia reduce determinados riesgos de contraparte, pero transfiere responsabilidades al usuario. La custodia institucional incorpora controles y servicios adicionales, aunque también introduce riesgos asociados al proveedor.
Debería evaluar cómo se generan y protegen las claves, los mecanismos de recuperación, las políticas de actualización y seguridad y, en soluciones institucionales, quién custodia los activos, qué contratos existen y bajo qué marco regulatorio opera el servicio.
