“Nadie discute que el Síndico solicitó un examinador aquí o que las deudas fijas, liquidadas y no garantizadas del deudor, que no sean deudas por bienes, servicios o impuestos, o que se deban a un infiltrado, excedan los $5 millones”, dijo el fallo de Connolly, y agregó que todo lo que queda es una cuestión legal: si el código de quiebra obliga a una investigación independiente.