Las recientes redadas de los fiscales franceses que se dirigieron a las oficinas en París de cinco bancos importantes, incluidos HSBC y BNP Paribas, bajo sospecha de evasión fiscal, son un asunto serio y no deben tomarse a la ligera.
Si las autoridades tienen pruebas de que un banco o sus empleados han cometido un delito, deben investigar y hacer rendir cuentas a los responsables. Pero estas investigaciones deben llevarse a cabo con cautela y sobre una base legal clara.
También está el tema de la privacidad a considerar. Cuando las autoridades allanan las oficinas de un banco, tienen acceso a mucha información financiera y personal sensible, no solo del banco sino también de sus clientes. En última instancia, los bancos y los reguladores financieros deberían limitarse a abrir solo cuentas bancarias específicas, aquellas identificadas con pruebas sólidas de actividad sospechosa.
Desafortunadamente, las búsquedas en París han destruido cientos de miles de cuentas inocentes. Este es un ejemplo alarmante de la falta de protección de la información personal.
Las autoridades no deben investigar a las personas por diversión. Es carta blanca, no puedes acceder a una cuenta bancaria y luego exigir que la rompas en pedazos porque asumes que algunos de los 10 millones de personas se comportaron ilegalmente.
Sin duda, estas investigaciones pueden descubrir culpables y actividades fraudulentas, pero también ayudan a crear perfiles de titulares de cuentas inocentes a través del examen y exfiltración de datos personales.
Al final, todo se reduce a una buena causa. No existe una premisa por la cual un banco deba divulgar información sobre sus usuarios, a menos que esté señalado por evidencia sólida de actividad sospechosa o ilegal. De lo contrario, simplemente extraen los datos de las personas.
Si bien es importante hacer que los bancos y los estafadores rindan cuentas por sus acciones, también debemos asegurarnos de que las investigaciones se lleven a cabo con cuidado y que se proteja la privacidad de las personas. Todos debemos trabajar por un sistema financiero justo, transparente y que opere dentro de los límites de la ley.